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OPINIÓN

Artículo de Análisis Elecciones Costa Rica 2022: Un horizonte incierto

Estas líneas se escriben a pocos días de la primera ronda electoral en Costa Rica, en medio de una campaña marcada por el alto porcentaje de indecisos, que se mantiene al 2 de febrero en un 31,8% del electorado , a la par de una amplia oferta partidaria: Por primera vez en la historia democrática del país se presentan 25 partidos políticos con candidaturas a Presidencia, y dependiendo de la provincia, entre 25 y 29 agrupaciones para puestos de diputación en la Asamblea Legislativa.

Estas líneas se escriben a pocos días de la primera ronda electoral en Costa Rica, en medio de una campaña marcada por el alto porcentaje de indecisos, que se mantiene al 2 de febrero en un 31,8% del electorado[1], a la par de una amplia oferta partidaria: Por primera vez en la historia democrática del país se presentan 25 partidos políticos con candidaturas a Presidencia, y dependiendo de la provincia, entre 25 y 29 agrupaciones para puestos de diputación en la Asamblea Legislativa[2].

Este escenario, calificado como atípico, ha generado que se perciba el proceso electoral como extraño. Al contrario de lo que se podría suponer, de que a mayor cantidad de candidaturas corresponda una mayor participación ciudadana y, por ende, una menor indecisión, no ha pasado así. En conversaciones cotidianas la expresión que parece repetirse con más insistencia es que la “campaña no calienta” o que “no tiene claro por quién votar”.

Cualquier persona, sin mayor conocimiento del país, podría aducir que es un escenario esperable en medio de la peor crisis sanitaria en la historia reciente del planeta y sus nefastas consecuencias a nivel económico y social. Sin embargo, esto va más allá de esta coyuntura. El proceso electoral al cual asistimos, da cuenta de un escenario político con altos niveles de conflictividad y múltiples fronteras antagónicas, que conviene leer a la luz de sus condiciones de posibilidad históricas, antes que detenerse en un análisis superficial que solo tome en cuenta las circunstancias del día a día.

De cualquier modo, una lectura histórica no implica desconocer las características particulares de este proceso electoral. Todo lo contrario, solamente situando la elección con sus rasgos distintivos se pueden trazar las líneas que permitan articular esta situación del presente con sus condiciones de posibilidad.

De primera entrada, esta elección supone un salto cuantitativo en la cantidad de partidos políticos inscritos para elección de Presidente. Desde el año de 2002, momento en el que se marca la ruptura del denominado bipartidismo[3], cada proceso electoral ha oscilado entre nueve y catorce inscripciones de candidaturas para Presidencia, alcanzando su máximo para esta campaña.

No obstante, esta amplia oferta partidaria no ha devenido en un escenario menos incierto, todo lo contrario. Tal como lo ha indicado el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el último informe correspondiente al Estudio de opinión publicado el 2 de febrero, el porcentaje de indecisión es de un 31,8%[4]. Si bien disminuyó en casi un 9% con relación al estudio previo, publicado el 25 de enero, en el cual el porcentaje de indecisión estaba en un 41%, todavía sigue siendo un número alto a unos cuantos días de los comicios. Se pasó de cuatro electores indecisos a tres por cada diez. Agregado a esto, se encuentra que al menos en el estudio de enero, un 47% afirmaba que tomará la decisión en la “última semana previa a las elecciones”, mientras que un 25% se decidirá hasta el “día de la elección”[5]. Por tanto, la reducción en el nivel de abstencionismo puede deberse a esta situación, y el 31,8% restante, van a decidir hasta el propio domingo 6 de febrero. Así las cosas, este porcentaje de la población se ha convertido en un jugoso botín para las y los candidatos que aparecen como punteros en la intención de voto.

A esto se le suma que ninguna de las candidaturas que aparece liderando la intención de voto supera el 20%. Es más, tal como lo ha indicado el CIEP, el apoyo a estas aparece “congelado”, con lo que el escenario más probable sea el de balotaje. Estas candidaturas se dividen en dos bloques: el primero entre los y la candidata que encabezan la preferencia, José María Figueres del Partido Liberación Nacional (PLN)[6], Lineth Saborío del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)[7] y Fabricio Alvarado de Nueva República (PNR)[8], con un 17%, 12,9% y 10,3%, respectivamente; mientras que en el segundo se encuentran el candidato Rodrigo Cháves del Progreso Social Democrático (PPSD) [9], José María Villalta del Frente Amplio (PFA)[10] y Eliecer Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP)[11]. Es importante destacar, que a la fecha de ese sondeo las otras 19 candidaturas aparecen por debajo del margen de error de la encuesta.

En cualquier caso, ninguno de los candidatos y la candidata en cuestión parecen tener garantizado su pasaje a la segunda ronda. Todo lo contrario. El escenario se torna tan incierto que no se logra divisar cuál será el resultado, a pesar de que haya candidaturas que aparentan tener mayor apoyo. En esa línea, se podría pensar que el sector de indecisos podría actuar como una potencial mayoría silenciosa, sin embargo, esto tampoco es algo seguro. Particularmente, porque ninguna candidatura parece brindar una imagen convincente para el electorado.

Sendos cuestionamientos sobre corrupción circulan en medios de comunicación masiva y a través de las redes sociales, en contra de candidatos como el expresidente José María Figueres, al cual se le reclama haber estado ausente durante el periodo de investigación que se abrió alrededor de los sobornos que Alcatel le brindó a funcionarios públicos en el país[12], evitando así ser llamado a juicio, a la par que se le discute su labor como Presidente (1994-1998), periodo en el cual hubo periodos de alta conflictividad social, provocados por la  Reforma a la Ley de Pensiones del Magisterio y la aplicación de Planes de Ajuste Estructural (PAE), que derivaron en sendos reacomodos en el funcionamiento del Estado[13]. Por su parte, al candidato Eliecer Feinzaig se le señala por haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años (2009-2014), debido a irregularidades con el contrato entre la empresa Alterra y el Gobierno para la modernización del aeropuerto Juan Santamaría[14], durante el periodo en el que ejerció como Viceministro de Transportes (2001-2002), en la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002).

Mención aparte son los casos de Fabricio Alvarado y Rodrigo Chaves. Al primero, se le cuestiona ampliamente por su discurso político religioso de corte conservador, machista y homofóbico, que lo catapultó a la segunda ronda en la elección anterior[15], y que hizo de este evento un acontecimiento que estremeció a buena parte de la población, provocando un movimiento social masivo en redes sociales, Coalición Costa Rica, destinado a evitar que llegara a ganar la Presidencia por el temor que inspiraban sus propuestas. En ese entonces, basó su campaña primordialmente en ataques en contra de lo que él y sus simpatizantes denominaban – y denominan todavía – ideología de género, llegando inclusive a proponer retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la molestia que le generó que este organismo resolviera una opinión consultativa elevada por el gobierno de Costa Rica en favor de las poblaciones LGBTI+, en específico, su derecho al nombre y al matrimonio igualitario[16]. A esto se le agrega, que en la campaña anterior circularon videos de bolsas de dinero en efectivo que llegaban a la sede del que era entonces su partido, Partido Restauración Nacional (PRN), situación que llevó a que se le investigara por gestar una estructura de financiamiento paralela y oscura[17]; la investigación abierta en contra de uno de sus diputados, Jonathan Prendas, por enriquecimiento ilícito[18]; el vínculo estrecho que tiene este candidato con Rony Chaves[19] y la relación de este con Cash Luna, pastor que se ha visto asociado con lavado de dinero y crimen organizado[20], entre otras denuncias. En consecuencia, en esta campaña ha buscado desmarcarse ligeramente del discurso religioso, aunque sin mucho éxito. Sigue sosteniendo posiciones conservadoras de extrema derecha con respecto al aborto terapéutico y sigue oponiéndose al matrimonio igualitario y a que personas del mismo sexo puedan adoptar a un niño o niña[21].

Con respecto al caso de Rodrigo Chaves, fue condenado y sancionado por acoso sexual por parte del Banco Mundial[22], aunque su campaña diga lo contrario. Su asociación con una reconocida periodista, Pilar Cisneros, parece darle impulso, ya que él por sí mismo es un personaje poco conocido en el país. Por tanto, el recurso de apuntalar su campaña sobre la imagen de una periodista que durante décadas estuvo al frente de uno de los principales noticieros del país, le ha permitido obtener algún grado de apoyo.  Ahora bien, ambos candidatos, Fabricio Alvarado y Rodrigo Cháves, han sido fuertemente interpelados por colectivos feministas que reclaman y denuncian sus propuestas por considerar que atentan contra los Derechos Humanos (DD.HH.) de poblaciones minorizadas. 

Por otro lado, la candidata Lineth Saborío, si bien no ha sido identificada como corrupta, tiene la difícil tarea de atraer votantes a un partido que, después de las condenas por corrupción de dos expresidentes, Rafael Calderón Fournier[23] y Miguel Ángel Rodríguez[24], perdió buena parte de su base. Además, se ha visto interpelada por diversos sectores de la ciudadanía por sus actuaciones erráticas en los debates[25], lo cual puede explicar el por qué en los últimos estudios de opinión su porcentaje de apoyo parece estar estancado.

Finalmente, el candidato José María Villalta ha tenido que batallar contra acusaciones infundadas de ser comunista y de estar ligado a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estas acusaciones no sorprenden, ya que no solo no es la primera vez que el FA sufre estos ataques – en campañas previas también se ha hecho uso instrumental del fantasma del comunismo -, sino que  forman parte de una narrativa mítica que el país ha construido de sí mismo y que posiciona al comunismo como el enemigo absoluto a vencer, aunque nunca en el país haya existido una posibilidad real y concreta de que una agrupación de este corte acceda al poder[26]. Ahora bien, en una especie de macartismo tropical, diferentes medios de comunicación y otras candidaturas, han explotado de forma intensiva este recurso, con el objetivo de amedrentar y causar temor en la población[27], identificando cualquier propuesta de corte progresista, como el cobro de impuestos a las Zonas Francas para aumentar la recaudación fiscal[28] o el cambio de modelo turístico, de uno basado en el megaturismo a uno que permita la participación de las comunidades de forma sostenible[29]; con aparentes medidas que serían parte de una transición a un supuesto gobierno comunista y autoritario, por más ridículo que esto parezca. 

Ahora bien, al hecho de que ninguna candidatura parece generar suficiente atractivo ni confianza para la ciudadanía, al igual que en buena parte de las democracias liberales del globo, la presencia de partidos políticos catch-all (atrapa-todo) hace que sea particularmente difícil distinguir entre propuestas de diferentes partidos. La tendencia de ajustarse a lo que se considera son los intereses de la ciudadanía, para así garantizarse un mínimo de votos y acceder al pago de la deuda política, hace que buena parte de los y las candidatas presenten propuestas semejantes. En el caso de nuestro país, estas propuestas suelen estar teñidas de promesas, calificadas por algunos como populistas – un uso muy desprolijo del término, pero que conviene seguirle la pista –, por ser medidas aparentemente simples para tratar problemas complejos, pretenden resolver la crisis económica, la carga impositiva, la congestión vehicular, el desempleo, la pobreza. No obstante, aun frente a este derroche de promesas, la ciudadanía no parece decidirse.

Lo anterior puede ser leído a la luz de los hallazgos encontrados en una investigación recientemente publicada[30], en la cual los y las ciudadanas consultadas no solo dan cuenta de múltiples focos de antagonismo, sino de una enorme brecha entre representantes y representados (as). En general, las personas encuentran que la “clase política” no tiene mayor interés que el de gobernar para sí mismos, con lo que se les acusa de abandono y olvido. A su vez, indican que votan mayoritariamente por obligación moral, pero que no hay mayor expectativa de cambio o de mejoría con cada elección. Esto, que podría explicar los altos niveles de apatía y de desinterés que observamos en esta elección, se ha visto agravado por los sonados casos de corrupción de los últimos meses, los casos Cochinilla, Azteca y Diamante[31], que parecen demostrar la veracidad de esta percepción.

Esta conjunción de factores da cuenta de que el horizonte político en el país sea tan incierto. Si bien se acepta que la democracia es la incertidumbre institucionalizada, las fisuras a lo interno del Estado, la incapacidad que han tenido los gobiernos previos para atender las múltiples demandas políticas, sociales y económicas, han abierto el paso a un escenario con altos niveles de conflictividad. No es casualidad que en este último sondeo un 35% de la muestra consultada indique que siente angustia frente a la elección[32]. El fantasma de que se repita el escenario del 2018 o uno peor, incide en la indecisión y en la volatilidad de su afiliación a alguna candidatura. Muchas y muchos están pensando de antemano en un voto útil, destinado a que no quede otro candidato. Así las cosas, lejos de ser una elección en la cual los y las votantes escojan a una persona candidata por sus preferencias ideológicas particulares, se ha convertido en un ejercicio de cálculo estratégico. Esto parece indicar la gran volatilidad que se ha hallado entre las preferencias de los y las electoras en los estudios de panel que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos tres meses en el CIEP[33]. La incertidumbre está en el aire.

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