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OPINIÓN

El caso Uber en Costa Rica,una puerta hacia la economía colaborativa regulada

En este pintoresco puerto del Caribe, desde donde los pasajeros de cruceros son llevados a aventuras en la selva del interior de Costa Rica, los lugareños intentan estar en casa al anochecer y la policía efectúa patrullajes con armas de grueso calibre debido a la creciente violencia vinculada al narcotráfico.

Costa Rica registró el año pasado la cifra récord de 657 homicidios, y Limón fue el epicentro, con una tasa de homicidios que es cinco veces la media nacional.

El derramamiento de sangre en un país conocido por su imagen relajada y “pura vida”, y por no tener un ejército, ha causado molestia en la opinión pública, y el gobierno del presidente Rodrigo Chaves trata de dar respuestas.

Costa Rica solía ser únicamente territorio de tránsito de la cocaína enviada al norte por cárteles colombianos y mexicanos, pero las autoridades afirman que ahora es punto de almacenamiento y transbordo de las drogas que grupos delictivos costarricenses envían a Europa.

En Limón, ese cambio en la dinámica delictiva se ha combinado con las crecientes filas de jóvenes desempleados que conforman la mayoría de los fallecidos en las violentas disputas territoriales.

El director de Guardacostas y viceministro de Seguridad Pública, Martín Arias, dijo que la violencia de Limón se debe a las disputas por el control del envío de cocaína a Europa y de la venta de marihuana a nivel local.

En enero, las autoridades desmantelaron una red que contrabandeaba drogas por el puerto. La cocaína era escondida en las paredes de los contenedores de acero e incluso entre latas de piña y yuca enviadas a España y Holanda.

Los narcotraficantes extranjeros solían pagar a pescadores costarricenses para que les llevaran combustible a sus embarcaciones.

“Luego los narcos mexicanos dijeron: ‘No vamos a usar plata, no vamos a dejar el rastro que deja la plata en los bancos, los sistemas, vamos a pagar en coca’”, aseguró Arias.

Al principio, los pescadores y sus colaboradores no tenían los contactos para colocar la cocaína en el extranjero, así que la vendían como crack a nivel local. Pero cuando supieron cuán más cara era la cocaína en Europa, comenzaron a enviarla de contrabando por el puerto, agregó.

En tanto, la marihuana llega de Jamaica y Colombia, y las pandillas se disputan el mercado local. Las víctimas de esta violencia viven principalmente en barrios marginados, dijo Arias.

Las autoridades costarricenses clasificaron como “ajustes de cuentas” 421 de los 657 homicidios del año pasado.

El exministro de Seguridad Pública Gustavo Mata calculó que 80% de los homicidios en Costa Rica estaban relacionados con el crecimiento del narcotráfico.

“Antes hablábamos de los cárteles colombianos, de los cárteles mexicanos”, dijo Mata. Pero ahora los investigadores han encontrado que “ya tenemos minicárteles en Costa Rica”.

Mata, que ocupó el cargo de 2015 a 2018, dijo que Costa Rica se había convertido en una “enorme bodega” de droga y en un centro de operaciones para enviarla a Europa.

Debido a las actividades comerciales del puerto de Limón, tanto legales como ilegales, el lugar se ha convertido en epicentro de violencia.

“En Limón existen cuatro grupos criminales fuertes que compiten por el mercado de la droga”, afirmó el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga. Estos grupos protagonizan enfrentamientos entre ellos y “generalmente las personas que mueren son vendedores terminales o miembros de grupos criminales”.

Pero la violencia no ha estado confinada a Limón ni a los involucrados en el tráfico de narcóticos.

La muerte del niño Samuel Arroyo, de 8 años, alcanzado por una bala perdida el 28 de febrero mientras dormía en la capital, San José, provocó revuelo entre la población. Costarricenses no relacionados con la familia del niño acudieron con globos al funeral.

El presidente Chaves calificó la muerte de Samuel como “indignante, inexplicable e inaceptable”. El mandatario dijo que el disparo al parecer se generó en una guerra entre grupos delictivos. Un muchacho de 15 años fue arrestado en relación con la muerte del menor.

Un mes antes, Ingrid Muñoz organizó una manifestación frente a los Tribunales de Justicia en San José para exigir justicia para su hijo Keylor Gambia, de 19 años, quien fue asesinado por defender a su novia durante un asalto.

“Lo que pretendemos nosotros es hacer consciencia para que el caso no quede impune”, declaró Muñoz. “Lo que queremos es justicia, que tanto los magistrados como la fiscalía se den por enterados de la grave situación que están viviendo no sólo los jóvenes, sino todos en el país”.

El ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, en declaraciones ante la Asamblea Legislativa en enero, arremetió contra el sistema judicial porque — dijo— los sentenciados por delitos de narcotráfico sólo cumplen una fracción de su pena de prisión. “Hay delitos que deberían cumplir la pena completa”, apuntó.

Torres afirmó que para junio tendría lista una nueva estrategia de seguridad, pero precisó que hacen falta más recursos para la policía. “Si queremos solucionar esto a corto plazo, necesitamos policías en las calles”.

Limón se ubica a 160 kilómetros (100 millas) al este de San José. Es el puerto más importante de Costa Rica y por ahí salen gran parte de las exportaciones del país con destino a Estados Unidos y Europa.

En 2018, el gobierno privatizó el puerto de contenedores y otorgó la concesión a una compañía holandesa.

Antonio Wells, secretario general del sindicato de trabajadores de los puertos del Atlántico de Costa Rica, dijo que unos 7.000 empleos se perdieron con la privatización, y atribuyó a ello los problemas sociales en Limón.

El año pasado, Limón fue el cantón con la segunda tasa más alta de homicidios, con más de 62 por cada 100.000 habitantes.

“Si no hay empleo, suena feo decirlo, pero para muchos lo más parecido a un empleo es el sicariato”, indicó Wells.

La tasa de homicidios de Costa Rica ha aumentado en cada uno de los últimos cuatro años. El año pasado, la tasa alcanzó 12,6 por cada 100.000 habitantes —un tercio de la de Honduras—, pero sigue siendo la más alta para Costa Rica desde al menos 1990.

El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas encontró en enero una fuerte correlación entre los bajos niveles de desarrollo y las altas tasas de homicidios en los cantones más violentos como Limón.

“Este no es el Limón en el que yo crecí”, dijo en fecha reciente un pensionado que sólo se identificó como David cuando conversaba con otras personas en la plaza central de la ciudad. “Después de las 9 de la noche no se puede caminar, y es muy triste”.

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