El Congreso de Chile aprobó el proyecto para avanzar con el nuevo intento de reforma constitucional

La propuesta de Ley Fundamental será redactada por un órgano integrado por 50 personas elegidas entre la ciudadanía y expertos designados por el Congreso. Finalmente, deberá ser aprobada por la ciudadanía.

La Cámara de Diputados de Chile dio este miércoles luz verde al proyecto que busca una reforma constitucional. De esta manera, el país se prepara para dejar atrás la Carta Magna actual, instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet, algo que la sociedad en su conjunto considera necesario.

Con 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, esta amplia mayoría de diputados aprobó entre aplausos laa reforma que propone la redacción de la propuesta de Ley Fundamental durante este 2023. Ello estará a cargo de un órgano creado especialmente con personas elegidas por la ciudadanía y un comité de expertos designados por el Congreso.

“Es un proceso mixto; muy atípico por regla general, porque mezcla lo que es un órgano electo, con órganos designados. (…) Acá tenemos un modelo atípico que no está replicado en otras partes del mundo pero que responde a la realidad política y de coyuntura de Chile”, señaló al respecto a la agencia de noticias AFP el abogado constitucionalista Tomás Jordán.

La redacción de la nueva carta magna estará a cargo de personas elegidas por la ciudadanía y un comité de expertos designados por el Congreso (AFP)
La redacción de la nueva carta magna estará a cargo de personas elegidas por la ciudadanía y un comité de expertos designados por el Congreso (AFP)
La reforma fue aprobada sin ningún cambio a lo largo de su tramitación parlamentaria, por lo que el itinerario para un nuevo proceso constituyente será el mismo que el suscrito el pasado diciembre, tras tres intensos meses de negociaciones entre 14 partidos -entre ellos, la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI) y el Partido Comunista-.

Entre los 37 diputados que se opusieron al proyecto destacaron principalmente parlamentarios ultraderechistas, como los del Partido Republicano, y liberales, del Partido de la Gente, que no habían participado de las negociaciones llevadas a cabo en 2022.

Los grupos de ultraderecha y liberales destacan entre los opositores del proyecto (REUTERS)
Los grupos de ultraderecha y liberales destacan entre los opositores del proyecto (REUTERS)
Sin embargo, la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, se refirió a su postura a lo largo del debate y mencionó que “no hay que extrañarse ni dramatizar el hecho que haya un grupo de parlamentarios que no esté de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional porque en democracia esto es lo que pasa: priman las mayorías pero las minorías son respetadas”.

Los integrantes del Consejo Constitucional serán elegidos en las urnas el próximo 7 de mayo y tendrán hasta cinco meses para elaborar la propuesta de texto. Previo a ello, en marzo, se conformará el comité de 24 expertos, de los cuales 12 serán designados por el Senado y los otros 12 por la Cámara de Diputados. En su caso, elaborarán un anteproyecto que servirá de base al consejo.

Como último paso, el proyecto de carta magna en su totalidad deberá ser aprobado por la ciudadanía en un plebiscito previsto para el 17 de diciembre. Una vez obtenido este visto bueno podrá entrar en vigor.

El proyecto deberá ser aprobado por la ciudadanía en un plebiscito para su entrada en vigor (REUTERS)
El proyecto deberá ser aprobado por la ciudadanía en un plebiscito para su entrada en vigor (REUTERS)
El órgano redactor deberá acatar unos 12 principios institucionales que impiden una propuesta refundacional, como la que fue rechazada con más del 62,5% de los votos el pasado 4 de septiembre y que había sido escrita por una convención de mayoría progresista y ciudadanos independientes, sin afiliación a partidos políticos.

Entre estos puntos se encuentran la declaración de Chile como un “Estado social y democrático de derechos”, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de la “nación chilena” y el sistema bicameral.

Esta es la tercera vez en cinco años que el país intenta dejar atrás la Constitución vigente, que muchos consideran el principal legado de Pinochet.

La voluntad de introducir un cambio profundo, más allá de las reformas a la que ha sido sometida desde la década de los 90, tuvo un impulso determinante después de las violentas protestas que estallaron el 18 de octubre de 2019.