Costa Rica instó a la dictadura de Nicaragua a garantizar el derecho a la nacionalidad

El Ministerio de Exteriores aseguró que la privación de la ciudadanía contraviene la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, de los cuales Managua es parte.

Costa Rica mostró su preocupación por las medidas de la dictadura nicaragüense sobre el despojo de la ciudadanía a más de 300 opositores, instando al régimen de Daniel Ortega a garantizar el derecho a la nacionalidad.

El Ministerio de Exteriores costarricense hizo un llamado a Managua para que cumpla “con sus obligaciones internacionales de garantizar el derecho a la nacionalidad y de tomar medidas para la prevención y erradicación de la apatridia”.

“Para Costa Rica, que mantiene (una) fuerte presencia en los foros internacionales de Derechos Humanos, la situación en el hermano país contradice las obligaciones que tiene todo estado en el marco del Derecho Internacional, que prohíbe privar arbitrariamente la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”, declaró el viceministro Christian Guillermet-Fernández.

La cartera de Exteriores se mantuvo en la línea de lo señalado por Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, que recuerdan que la privación de la ciudadanía contraviene la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, de los cuales Nicaragua es parte.

La dictadura nicaragüense retiró la semana pasada la nacionalidad a 94 ciudadanos, entre los que se encuentran periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores de Derechos Humanos, declarados “prófugos de la Justicia”.

Esta acción tuvo lugar después de que Nicaragua deportara a Estados Unidos a 222 presos, a quien también dejó apátridas, elevando a 316 los nicaragüenses que han perdido su ciudadanía en menos de siete días.

Hasta ahora, los Gobiernos latinoamericanos no han condenado de forma unánime el caso de los 317 apátridas nicaragüenses, con la excepción de Chile.

Colombia y México han reaccionado con cautela, en tanto Brasil y Argentina han guardado silencio.

En ese sentido, la ONG Save Democracy instó al resto de las democracias latinoamericanas a apoyar la lucha de los presos políticos y los llamó “a que se expresen contundentemente en contra de estas acciones totalitarias, y solidariamente brinden apoyo a los ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad y propiedad privada”.

En un comunicado, el organismo además expresó “su más profundo repudio a la violación sistemática, y cada vez más frecuente, de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo la privación ilegítima de la libertad y la flagrante violación del derecho a la nacionalidad y a la propiedad privada de numerosos nicaragüenses por intentar ejercer la libertad de expresión, la libertad de asociación y otros derechos políticos y sociales de carácter universal”.

“Las recientes reformas legislativas adoptadas por Daniel Ortega contravienen el derecho internacional en particular la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. En este gravísimo contexto socio-político, el régimen de Daniel Ortega continúa reprimiendo cualquier intento de renacimiento democrático”, resaltó Save Democracy.

Por último, la ONG instó a Nicaragua a que garantice inmediatamente los derechos humanos de los ciudadanos, incluyendo el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la propiedad privada y, en este mismo sentido, exige la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por ser opositores políticos, incluyendo a quienes participan en organizaciones de la sociedad la civil y defienden los derechos de las mujeres”.

En esa línea, pidió que el régimen sandinista “adopte pasos urgentes para la recuperación democrática y el Estado de derecho, y se abstenga de seguir adoptando acciones autocráticas contra los defensores de los derechos humanos o contra las personas que expresen opiniones críticas”.