El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos alertó sobre la condena a 10 años de cárcel que el régimen pidió sobre cuatro religiosos

Este hecho expone un avance más sobre la Iglesia y los derechos básicos en el país, que se han visto deteriorados con la llegada del matrimonio Ortega-Murillo al poder.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos alertó este viernes sobre la condena a cuatro religiosos y apuntó contra el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo por el fallo.

La Justicia nicaragüense dispuso este jueves la pena de diez años y 800 días de cárcel a cuatro sacerdotes católicos por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

Junto a ellos, fueron condenados también dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, al norte del país.

La jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo Distrito de lo Penal de Managua, fue la responsable de determinar la pena luego de un juicio que duró tan sólo cuatro días, según denunció la Unidad de Defensa Jurídica, que defiende a los religiosos.

Los acusados son, puntualmente, los sacerdotes Ramiro Tejerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro; el diácono Raúl Vega González; los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno; y el camarógrafo Sergio Cárdenas.

Ahora, los acusados permanecen en la prisión El Chipote a la espera de la condena, que se definirá en una audiencia el próximo 3 de febrero.

Ante esto, el Cenidh criticó los cuatro días de juicio, los que señaló de “tortura judicial” y denunció que tanto la sentencia como la solicitud de la pena “fue dictada desde El Carmen” -sitio en el que reside la pareja presidencial-, “con el afán de sembrar el teror y demostrar quién tiene el poder” en Nicaragua.

“Desde Cenidh condenamos este atropello a los derechos humanos y las garantías del debido proceso”, agregó el organismo, que forma parte de la Federación Internacional por los Derechos Humanos.

“Este hecho plantea un reto a los dirigentes de la Iglesia Católica. Les pedimos que reaccionen, no pueden seguir callando. Prácticamente el régimen ha encarcelado a una Diócesis entera. Les invitamos a ponerse al lado del pueblo creyente que está indignado”, concluyó la ONG que, además, pidió la intervención del Vaticano para acabar con esta persecución.

En ese sentido, este hecho se enmarca en una serie de ataques del régimen sobre los religiosos por los que, entre 2022 y 2023, ya son nueve los sacerdotes que han sido condenados en Nicaragua -siete de ellos por conspiración o propagación de noticias falsas, y sentenciados a entre 8 y 10 años de cárcel-.

Este deterioro en la relación entre ambas partes se intensificó en 2018 cuando los religiosos condenaron la forma en que Ortega reprimió las protestas sociales que buscaban un golpe de Estado y en las que murieron 360 personas.

El dictador señaló a los obispos y sacerdotes de haber intentado derrocarlo en esos episodios.

Además de este gran grupo de católicos detenidos, los ojos de los organismos de derechos humanos han estado, en los últimos meses, sobre el obispo Rolando Álvarez, quien fue detenido junto a ellos en la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes de la policía en el palacio episcopal de la Diócesis de Matagalpa y, ahora, se encuentra bajo “resguardo domiciliar”.

Álvarez es una voz muy crítica del régimen y es el primer obispo arrestado y acusado desde el retorno de Ortega al poder.

El pasado 13 de diciembre fue acusado formalmente por el Ministerio Público de Nicaragua por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas y aguarda a ser juzgado en un juicio aparte del resto de los religiosos.

La Policía de Nicaragua, dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Ortega, señaló por su parte al obispo de haber intentado “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.